EE. UU. sanciona red transfronteriza de combustible del CJNG
Sanciones estadounidenses y una alerta de FinCEN apuntan a una red de combustible ligada al CJNG que presuntamente usó empresas fachada, documentos aduaneros falsos y canales de transporte fronterizos.
Las autoridades estadounidenses ampliaron la presión sobre el negocio de combustibles del Cártel Jalisco Nueva Generación al sancionar a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas, además de alertar a instituciones financieras y compañías sobre señales de contrabando de hidrocarburos y evasión fiscal mexicana. La acción combina el bloqueo de activos de OFAC con una alerta de FinCEN. Por ello afecta operativamente a vendedores, transportistas de cisternas, ferrocarriles, agentes aduanales, bancos y proveedores logísticos fronterizos, no solo a las fuerzas de seguridad.
Tres rutas para el combustible ilícito
Los funcionarios describen tres esquemas conectados. Las redes criminales roban crudo o productos refinados de la petrolera estatal Pemex. El crudo mexicano robado puede entrar después a Estados Unidos declarado falsamente como aceite residual. En dirección contraria, gasolina, diésel y otros refinados comprados en Estados Unidos pueden cruzar a México bajo descripciones aduaneras falsas para eludir aranceles y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Camiones cisterna, vagones y buques pueden integrar la cadena física.
El Tesoro identificó a Oscar Guillermo Juraidini Silva como presunto facilitador financiero que habría usado empresas fachada, documentación aduanera falsa y clasificación intencionalmente incorrecta de importaciones estadounidenses. Según los funcionarios, la actividad generaba decenas de millones de dólares al año para el cártel. También fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagomez, vinculado por las autoridades con Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Se le acusa de mover combustible sin permisos, pagar cuotas a cárteles y usar el sistema financiero estadounidense.
Escala y exposición geográfica
Una evaluación interinstitucional estadounidense calificó el robo de combustible como la segunda fuente ilícita más rentable para las organizaciones terroristas extranjeras radicadas en México, después de los narcóticos, y como su mayor ingreso no relacionado con drogas. Estimó alrededor de 9.000 millones de dólares en recaudación perdida por México durante 2024 y señaló que hasta un tercio del combustible vendido en el país podría ser ilegal o adulterado. Son estimaciones, no totales auditados, pero explican el mayor escrutinio.
FinCEN recibió más de 160 reportes de actividad sospechosa durante el periodo analizado e identificó más de 7.000 millones de dólares en movimientos sospechosos, principalmente entre Estados Unidos y México. Texas y Florida generaron más reportes. En Texas, la actividad se concentró en Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen; muchos sujetos estaban vinculados con transporte o petróleo y gas. Un transportista legítimo en esos mercados puede enfrentar preguntas bancarias, revisiones del cliente o retrasos de pago sin estar acusado de conducta indebida.
Controles concretos para operadores
Transportistas y corredores deben verificar al beneficiario final de clientes, vendedores, consignatarios e intermediarios de pago; un registro estatal o nombre comercial no basta. Todas las partes deben contrastarse con las listas de sanciones al incorporarlas y nuevamente antes del despacho o pago. La descripción del producto, fracción arancelaria, densidad, volumen, valor, tratamiento fiscal y permisos deben coincidir con la carta de porte y la entrada aduanera. El “aceite residual” exige revisión si precio, origen, análisis o ruta parecen propios del crudo.
Despacho debe escalar cambios de consignatario de última hora, desvíos fronterizos sin explicación, cargas pagadas en efectivo, pagos de terceros, comercializadoras recién creadas y solicitudes de dividir facturas. Sellos de cisterna, boletos de medidor, recibos de terminal, historial GPS y prueba de entrega deben conservarse como una sola cadena auditable. Ferrocarriles y operadores marítimos requieren controles equivalentes para equipo del expedidor y puntos de transbordo. Una anomalía aislada no demuestra delito; el personal debe remitirla a cumplimiento, no confrontar al cliente o conductor.
Las empresas también deben mapear su exposición directa e indirecta a entidades sancionadas, congelar o rechazar operaciones cuando la ley lo exija y documentar la decisión. Los contratos deben permitir cancelación por sanciones y divulgación a autoridades competentes. La capacitación debe incluir ventas, despacho, facturación y cuentas por pagar, porque la carga física y el pago pueden mostrar señales distintas. Conviene establecer doble aprobación para clientes de combustible nuevos, validar cuentas bancarias y prohibir cambios de instrucciones de pago sin verificación independiente.
El impacto para la operación diaria es claro: más tiempo de alta de clientes, expedientes documentales más completos y posibles detenciones preventivas de cargas. Es preferible incorporar ese tiempo al corte de despacho que liberar un tanque con identidad, producto o destino sin resolver. La acción eleva el costo de una debida diligencia débil en todo el corredor energético entre Estados Unidos y México.
Fuente(s) original(es)
FreightWaves; comunicado de aplicación del Departamento del Tesoro de EE. UU..